Con solidaridad y respeto a Juan Antonio Nemi Dib y Ricardo Ahued Bardahuil
Francisco Cabral Bravo
Ambos son defectos: confiar en todos y no confiar en nadie. (Séneca)
He reiterado que la desconfianza en los demás es un rasgo de la sociedad mexicana ampliamente documentado. Es más común verla como un problema, una carencia de la cultura política nacional y una pieza faltante en la canasta básica de actitudes y creencias favorables para la democracia. Los estudiosos de la confianza en el mundo argumentan que confiar en otros es una base de la convivencia social, de la actividad económica y de la consistencia política, por lo que sirve como uno de los fundamentos de las formas democráticas de gobierno. La confianza facilita la acción colectiva, como ya lo ha señalado el politólogo Francis Fukuyama. La falta de confianza en los demás puede ser un agudo problema y es necesario entenderla como tal.
En la Enciclopedia internacional de ciencia política la confianza social se define como la expectativa de dependencia de los individuos en una comunidad.
En el ámbito político. La relación entre confianza social y democracia se explica por los valores cívicos e institucionales con los que la confianza suele asociarse.
Las causas en la disminución de la confianza tienen que ver con la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, la injusticia y el deterioro económico.
Esta caída de la confianza social es un problema con consecuencias políticas al que debemos poner una mayor atención y cuidado.
El pleno aprobó el punto de acuerdo presentado por Carolina Monroy del PRI, a fin de instaurar un Comité para la creación del Código de Ética y Conducta Parlamentaria, un organismo plural que de llevarse a la práctica. Sería el primer referente en este sentido en el país. Recordemos que en el pasado se han presentado 30 iniciativas y puntos de acuerdo y nada se ha concretado. Ojalá que ahora se dé un paso decisivo en la transparencia y honestidad que deben tener los legisladores, “regular el actuar de las y los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo”.
Resulta que según Parametría, 90 por ciento de los mexicanos cree que el país es poco o nada seguro y esa cifra es de 88 y 76 por ciento para los ámbitos estatal y municipal. La cifra negra de “delitos en México, el indicador que mejor resume tanto la incapacidad de las instituciones de impartición y procuración de justicia, como la desconfianza ciudadana” en las mismas, ascendió a 92.8 por ciento en 2014.
Las acciones para fortalecer las instituciones de impartición y procuración de justicia de las autoridades locales son muy dispares.
Si bien es cierto que las problemáticas y circunstancias estatales varían de estado a estado, también lo es que la calidad y la eficacia de la procuración e impartición de justicia son malas; un ejemplo de eso es que la cifra negra de delitos alrededor del país en ningún estado es menor a 87.2 por ciento. Y las respuestas estratégicas como la reforma que obliga a las entidades a implementar el sistema penal acusatorio sólo se han puesto en marcha de manera total en seis entidades a sólo nueve meses de que venza el plazo para su cumplimiento.
Casos emblemáticos de exigencia colectiva de injusticia, aún sin resolver fomentan la “desconfianza” en las autoridades, en su última encuesta Parametría muestra que el 58 por ciento de los mexicanos desaprueba el trabajo de la PGR, por 19 por ciento que lo aprueba.
Cabe destacar que uno de los pocos indicadores que muestra una mejor percepción sobre la procuración e impartición de justicia en México es el aumento en el porcentaje de personas que creen que el desempeño de las procuradurías en los estados es efectivo, en las entidades del país esa cifra ha aumentado 9.1 por ciento en promedio.
Cifra negra es la cantidad de delitos que no están registrados en la estadística oficial.
Uno de los retos que enfrentamos por tercer año consecutivo, es que estamos en el mismo escenario. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que dio a conocer el INEGI, el artículo más robado en el país es el teléfono celular; el primer delito cometido es el robo a transeúnte (en la calle) y el segundo la extorsión telefónica, la cual se comete en un 70 por ciento a través de los mismos celulares que son arrebatados a la víctima.
Según la medición del INEGI, desde 2012 estas tendencias no se han modificado de manera sustantiva, al igual que el porcentaje de denuncia, que a nivel nacional apenas alcanza el 10 por ciento. En concreto, los dos delitos que más nos afectan están lejos de aquellos que mayor atención pública reciben y que mayor impacto nos causan como sociedad. Al mismo tiempo, el porcentaje de ciudadanos que considera útil denunciar se mantiene prácticamente sin crecimiento, independientemente del estado de la seguridad en sus lugares de residencia o del tipo de delito que haya sufrido. Es una realidad que al delincuente su objetivo principal es el teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico, por su alto valor de reventa y mínimo porcentaje de denuncia.
Mientras tanto, nosotros, las víctimas, seguimos exhibiendo miles de pesos en equipo en todas partes.
¿Cómo se permite que las pantallas televisoras diariamente y en cualquier horario al alcance de todo público desborden sangre y violencia en un altísimo porcentaje?
Es mucho lo que en materia educativa, en desarrollo de lo que es el sistema de impartición de justicia, en permisividad sobre la nociva ejemplaridad de diversos medios y en el cumplimiento de cuerpos policiacos a la altura del momento que vivimos se tiene que hacer.
No queremos que el Ejército mexicano y la Marina Armada resuelvan problemas que tienen una hondura en la que el poder civil y la sociedad misma tienen muchísimo que hacer.
Como observa Christian Welzel, investigador de la EMV En Alemania, “los académicos consideran que confiar en otros es un facilitador psicológico de las actividades pacíficas y voluntarias que nutren a la sociedad civil, es la principal fuente de presión para mantener a los gobiernos responsivos y sujetos a la rendición de cuentas”.
En otras palabras, la confianza tiene una relación con lo que se espera de la forma democrática de gobierno, sus principios y normas.