Con solidaridad y respeto a Juan Antonio Nemi Dib y Flavino Ríos Alvarado
Francisco Cabral Bravo
El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo; 5º más grande a nivel mundial y 3º de mayor tamaño en el continente americano. Se entiende que dada su magnitud, a los funcionarios encargados de dirigirlo y administrarlo suela interesarles muchísimo el tema de los números (alumnos, maestros, dineros). Con frecuencia, más que casi ninguna otra cosa. Se entiende, es lógico que así sea.
Dado que a pesar de tener un sistema educativo gigante, todavía tenemos niños y sobretodo muchos jóvenes en edad escolar para los cuales no hay suficientes espacios para estudiar, se entiende, también, que a nuestros políticos y funcionarios educativos les preocupe mucho el asunto de expandir la cobertura. No es nuevo el asunto. De hecho, una de las constantes más claras desde hace décadas y décadas en la política educativa del país ha sido el énfasis en atender a más y más alumnos.
Para nadie es un secreto que el mundo educativo está en profunda transformación.
Lo afirmo y lo reitero constantemente. Como muchos gobiernos anteriores, el actual se ha planteado metas ambiciosas en términos de ampliación de la cobertura escolar. Lo anterior resulta muy comprensible para el caso de la educación media superior (EMS) pues, entre otras cosas, la obligatoriedad de ese nivel educativo quedó plasmada en la Constitución en 2012.
En el caso de la educación superior, las razones detrás de la meta del gobierno actual de aumentar la cobertura bruta del 32 por ciento en el 2012-2013 al 40 por ciento en el ciclo 2018-2019 son menos claras.
Es cierto que en México solamente 3 de cada 10 jóvenes en edad de obtener educación superior acceden a ellas. Es cierto también que esa cifra nos ubica muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.
El problema, sin embargo, es que existen abundantes indicios de que los (pocos) jóvenes que ya están egresando de la educación superior en México no están logrando conseguir empleos, especialmente buenos empleos, es decir formales, calificados y bien remunerados. La explicación dominante sobre ello es que las universidades no los están preparando bien y, por tanto, carecen de los conocimientos y habilidades que están demandando sus posibles empleadores. Sin negar que hay serios déficits de calidad en la educación superior mexicana, los datos disponibles indican que en su dificultad para encontrar trabajo hay también y sobre todo, un muy serio problema de cantidad de empleos, generado para personas con educación superior en el país. En breve, lo que estos últimos datos pudieran estar indicando es que hay mala oferta de egresados universitarios que demanda por sus servicios en el mercado laboral.
Si bien no soy de los que piensan que la misión de la universidad sea la de capacitar o formar para el trabajo, el hecho de que muchos egresados de educación superior no cuenten con competencias fundamentales y que el país no está logrando generar suficientes empleos, para ellos, obliga preguntarse para qué queremos aumentar la matrícula de educación superior. Es posible que queramos más egresados universitarios independientemente de que encuentren o no buenos empleos. Si así fuera, habría que argumentarlo. Si de lo que se trata, sin embargo, es de aumentar la matrícula en educación superior para contribuir a aumentar nuestra raquítica tasa de crecimiento económico, convendría mucho hacer, al menos, un par de cosas más. Primero, invertir en mejorar la calidad de ese nivel educativo, podríamos empezar por intentar contar con indicadores al respecto. Y, segundo y muy particularmente, encontrar la forma de meterle el acelerador a la generación de empleos formales y calificados.
Si la SEP y su joven titular, se mantienen firmes, si aplican los criterios inscritos en la reforma constitucional, si retiramos a todos esos docentes falsos, voladores del sistema, incapaces del auténtico magisterio, subsiste una esperanza luminosa para que la educación en México, cambie de verdad.
Ruego al lector me permita expresar dos temas que han llamado la atención pública. Ajustes a la Miscelánea Fiscal con la baja del IEPS en refrescos o bebidas con menos de 5 gramos por litro y mayores deducciones. Y el dictamen del ministro Arturo Zaldívar que abre la puerta a la legalización del consumo de la mariguana.
Tras discusión sobre aplicar el IEPS alimentos y bebidas con altos contenidos calóricos, se decidió gravarlos para proteger la salud pública. La recaudación fue buena. Los resultados en salud difíciles de evaluar a tan corto plazo. Empero nuestro país se mantiene como principal consumidor de bebidas azucaradas en el mundo, 163 litros por persona.
El IEPS o impuesto al pecado como se le conoce grava aquellas sustancias que dañan la salud pública: alcohol, tabaco, gasolinas. No prohíben consumo, sólo incrementan precio para costear tratamientos en instituciones públicas de salud, o bien para reducir ventas. El ministro Zaldívar elaboró una propuesta de dictamen a presentarse en la Primera Sala, en el cual se reconoce que la mariguana causa afectaciones menores o similares al tabaco y al alcohol, pero la prohibición afecta el libre derecho a decidir y al libre desarrollo de las personas.
No admite su comercialización ni permite el uso de otros estupefacientes.
EL PRD ya se pronunció a favor del dictamen. Manlio Fabio Beltrones del PRI, aún no aborda el tema. Ricardo Anaya, del PAN, se pronunció por un debate amplio en torno a la legalización de la mariguana. Manuel Mondragón y Kalb, de la Conadic, se definió en contra.
¿Pueden prohibiciones e impuestos evitar problemas de salud pública? Más aún ¿el libre albedrío que no afecta a terceros debe someterse por intereses comerciales? ¿Cómo combatir el narcotráfico? La salud y la seguridad públicas afectan a la sociedad. Criminalizar consumidores, castigarlos, marginarlos no aporta solución.