Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Miguel Angel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla
La política concebida como el arte de la negociación entre aquellos que poseen poder y requieren a través de él encontrar la forma de obtener aquello que le es primordial como objetivo, es considerada una actividad legítima y necesaria en el marco de una democracia en donde nadie posee la totalidad del poder, ni tampoco la misma cantidad durante todo el tiempo. El buen político es aquel que sabe medir su fuerza, utilizarla en el momento adecuado, y negociar de manera efectiva con todo aquel que lo considere un interlocutor válido y serio. Uno de los problemas presentes en la negociación política es la presencia de elementos fuera de la ley que requieren ser parte de la solución y que por lo tanto deben ser manejados adecuando la legalidad a las necesidades de la solución requerida. Este ha sido el mecanismo tradicional utilizado para resolver conflictos entre grupos de poder y los gobiernos de nuestro país en los ámbitos federal y estatal. Con el proceso de autonomía que ha vivido el Poder Judicial en los últimos años, este sistema de negociación se ha complicado pero sigue funcionando para casos que ameriten la subordinación de la ley al interés político superior. Así es como gobernadores asaltan el erario público y quedan libres en medio de acuerdos que les permite mantener la libertad y en ocasiones hasta el dinero obtenido de manera ilícita, o grupos de choque violan una y otra vez la ley cometiendo desmanes, ultrajando personas inocentes y destruyendo propiedad privada en forma indiscriminada, son liberados en unas cuantas horas o días, tras la intervención de sus liderazgos capaces de negociar la libertad frente a una autoridad dispuesta a ceder en el ámbito de lo legal para apaciguar a los violentos poseedores de armas eficientes para amedrentar a al Estado legalmente constituido.
No es esta la justificación de actos de represión por parte de una autoridad enfrentada a la protesta social. Sin embargo, el conocimiento pleno por parte de los violentos o los corruptos de que la ley es negociable en función de la fuerza policía o material que se posea, debilita al priori la capacidad disuasiva de un Estado de derecho que se sabe, no será aplicado en forma uniforme ni tampoco en función de la gravedad de los delitos cometidos.
En esta escala de valores, en la que la ley está siempre en el sótano, es una amenaza constante a la democracia, aunque afirmen lo contrario. Si la ley no se respeta, tarde o temprano se derrumba el edificio democrático.
Una de las grandes dificultades de México es precisamente nuestra incapacidad de entender que debemos tener un piso legal fuera de toda discusión. Aprendimos durante el siglo pasado que todo es negociable, y por eso entiendo que todo mundo exija diálogo cuando ha roto una ley. Pero esas costumbres mexicanas son el obstáculo más importante que tenemos.
Es esa incapacidad de aceptar la ley lo que nos mantiene en la trampa del ingreso medio, y dada nuestra pertenencia a América Latina, con niveles muy elevados de desigualdad y violencia. Todo eso puede resolverse.
Podemos construir un país más pacífico, más igualitario, más desarrollado y más próspero. Pero para lograrlo, debemos prevalecer la ley, no la negociación.
Y cambiando de página, pocas veces afrontamos a tiempo los problemas y los retos que las circunstancias nos van presentando. Tenemos la lamentable tendencia a ser impuntuales en todo. Esa impuntualidad tiene enormes costos para el país. Dejamos que los problemas crezcan, que las diferencias se acentúen y que las oportunidades se vayan frente a nuestros ojos.
Ejemplos hay muchos. El tema es complejo, pero independientemente de la forma en la que queramos analizarlo, vamos décadas tarde.
Y el mundo no espera. El cambio tecnológico no va a esperar a que nosotros estemos listos para enfrentarlo. Durante años hemos visto como el norte y el sur del país se van separando.
La distancia que existe en el desarrollo de ambas regiones no hace más que ensancharse cada año y a pesar de los recursos públicos que se han abocado a estas regiones, los resultados son mediocres. En prácticamente todos los indicadores el sur está más rezagado que el norte.
El rezago es evidente en otros indicadores; en el sur hay menor acceso a telefonía móvil, menos carreteras pavimentadas, menos hogares con Internet, menos viviendas con agua potable.
No es de extrañar, entonces, que el índice de competividad del IMCO los estados del norte estén muy por arriba del nivel que tienen los del sur.
Estos dos Méxicos de los que tanto se habla, en realidad son uno solo. Es un reto enorme que representa una oportunidad de igual magnitud. Un solo país que vive realidades diferentes. Ojalá que todos los involucrados, legisladores, administrativos, coordinadores, gobernadores y alcaldes, se den cuenta de la oportunidad que tienen para cambiar al país y que, por lo menos en esta ocasión, no la desperdicien.
Hoy México debe analizar los casos de éxito, pero también los fracasos para no cometer los mismos errores.