Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Héctor Yunes Landa, Pepe Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez
Dicen por ahí que prometer no empobrece. Difiero de la sabiduría popular. Prometer y no cumplir lo prometido, sin duda empobrece el ánimo y merma las expectativas de la gente. Prometer es parte fundamental de todas las campañas políticas. Poco se exige después de las promesas, no es de extrañar que incluso se hagan cosas diametralmente opuestas a lo prometido. Pero existe ahí una contradicción, ¿sobre qué se le puede exigir cuentas a los gobernantes de cualquier nivel si no es sobre sus promesas, sobre los compromisos que adquieran?
El ánimo electoral está presente y lo estará en los próximos años. Entre las campañas estatales, la de la Constitución de la Ciudad de México, Morena va a ganar de calle la Ciudad de México el 5 de junio y en 2018.
Lo creo a pie y juntillas, porque PRD, PRI y PAN se han dejado comer por Morena. Lo subestimaron. Y les comió el mandado.
Estamos bombardeados de promesas. Hay promesas que de origen son imposibles de cumplir, y deberíamos darnos cuenta, y otras que son perfectamente realizables y sobre las cuales tendríamos que exigir rendición de cuentas. El cinco de junio hay elecciones en 12 estados. Al revisar los discursos de los actuales gobernadores y candidatos es interesante contrastar las promesas que hicieron con la realidad que dejan los gobernadores en sus estados. Dos años podrían ser suficientes para revertir la tendencia de abandono que distintas administraciones estatales han mostrado para con: Inseguridad y delincuencia, corrupción, desempleo, pobreza, salud y para con el campo. Estos son la percepción ciudadana sobre problemas más importantes.
En Veracruz el candidato de la Coalición “Para Mejorar Veracruz” a la gubernatura Héctor Yunes Landa, ha escuchado las inquietudes, demandas, quejas y propuestas de la sociedad veracruzana lo cual nos brinda cierta esperanza ante un panorama un tanto sombrío, a lo que el candidato ha manifestado que si el voto lo favorece, en los dos años de su gobierno va a trabajar para poner de pie al estado.
Confiamos en la disposición y buena voluntad de Héctor, pedimos sensibilidad, honradez y capacidad para que por lo menos en dos años se pueda sembrar la semilla del cambio en las políticas públicas estatales.
Se nos ha prometido y se nos ha reiterado el compromiso en el combate a la corrupción.
Sobra decir, que esos discursos no han ido más allá de las palabras. Todos prometen. En todos lados. Hay promesas verdaderamente geniales. Promesas que alcanzaron momentos épicos. Hoy en el país tenemos algunas promesas cuyo cumplimiento deberíamos de monitorear y exigir: Ya no son promesas de campaña. Son compromisos. La correcta implementación de las zonas económicas especiales le darían un impulso que muchos necesitan algunas regiones del país.
La creación de estas zonas representa una oportunidad para ayudar a que estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Michoacán puedan salir del estancamiento en el que llevan muchos años y contribuir a que su mercado laboral, fundamentalmente informal hoy en día, fuera formalizándose poco a poco. La productividad puede aumentar y en consecuencia los salarios. Las dinámicas productivas de la región podrían cambiar en beneficio de sus habitantes. Siempre habrá campañas, siempre habrá promesas. Queda esperar que haya más responsabilidad en quien las hace y más exigencia social en su cumplimiento.
La muy importante encuesta del INEGI sobre Calidad e Impacto Gubernamental revela que a nivel nacional, la inseguridad y delincuencia siguen calificándose como el problema número uno; el segundo lugar corresponde a la corrupción; el tercero al desempleo; el cuarto a la pobreza y el quinto al mal desempeño del gobierno, Y conste que aquí estamos refiriéndonos a todos los niveles de gobierno.
Cambiando de página, vaya activismo el que han desplegado los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y no precisamente por el seguimiento de los temas de la agenda legislativa, no, la mayoría andan muy ocupados en denunciar delitos de tipo electoral. Resulta que, en general, pelean por los espacios informativos, todos tienen algo que informar, todos parecen haber encontrado el hilo negro en el curso de las campañas políticas, todos tienen datos que hablan de una “elección de Estado”.
Están a la vuelta de la esquina 12 elecciones estatales en la que se renovaran más de 500 alcaldías y más de 300 diputaciones locales, es la antesala de los comicios de 2018. Las campañas sirven para evidenciar candidatos. La combinación de inseguridad y competencia electoral ha generado un coctel explosivo que amenaza con descarrilar algunos de los procesos electorales del próximo 5 de junio. A pesar de que la reforma electoral de 2013-2014 prometió abaratar el costo de la democracia, las elecciones se han encarecido. El financiamiento público a partidos ha aumentado 53 por ciento en términos reales para este 2016. Las entidades que más aumentaron el financiamiento público son Baja California (319 por ciento), Veracruz (240 por ciento) y Puebla (194 por ciento). Los legisladores se quejan de que en varias entidades, la organización y control de desarrollo de los comicios las encabezan los titulares de los ejecutivos estatales.
Hay denuncias y cada una la levantan de acuerdo al color de cristal con que la miren.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, las denuncias por delitos de “elección de estado” también se hicieron presentes, ejemplo de ello fué la presentada por el representante de Morena, el diputado Virgilio Caballero, quien expuso que el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha hecho de todo con tal de favorecer al abanderado del PRI, y que en Veracruz lo mismo se persigue e intimida a los militantes de Morena e igual se han condicionado programas como “Prospera” y “Creciendo” entregándose estos beneficios sólo a los simpatizantes o militantes del PRI.
También solicitó fincar responsabilidades contra funcionarios estatales y federales que, dijo están utilizando sus cargos para promover el voto. No hay duda, el activismo que hoy se muestra desde el Poder Legislativo es para posicionar a sus candidatos, para defenderlos, para, en todo caso, si al final las cosas no les favorecen, continuar esa defensa desde la vía de los tribunales, argumentando que “hubo fraude”. Ese es el fin.