Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Héctor Yunes Landa, Pepe Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez
En política hay que saber aprovechar las ventanas de oportunidad. Dentro de unas semanas, el jueves 12 de mayo, tendrá lugar en Londres la cumbre anticorrupción organizada por el primer ministro inglés, David Cameron. Están convocados a participar los gobernantes de los principales países del mundo, así como representantes del sector privado y la sociedad civil. La cumbre persigue cuatro grandes objetivos: exponer la corrupción para que no haya donde esconderse; castigar a los culpables y ayudar a quienes son afectados; acabar con las prácticas de corrupción donde sea que existan; y erradicar la evasión fiscal a nivel global.
Durante estos días en México, se está discutiendo la iniciativa presentada por la sociedad civil, llamada Ley 3 de 3; pero que realmente contiene la estructura y mecanismos de la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción. Desde que se ingresó al Senado con más de 600 mil firmas de ciudadanos, PAN, PRD y expertos de la sociedad civil están trabajando en el análisis y el dictamen de la iniciativa. El PRI ha sido cauteloso; el PVEM tuvo un exabrupto (la ley es anticonstitucional, señaló el senador Pablo Escudero), que inmediatamente corrigió.
En un análisis constitucional acerca de la iniciativa ciudadana # 3 de 3 se señala que está ausente el principio de presunción de inocencia, así como toda referencia a la carga de prueba que le correspondería al Estado.
Además se permiten las grabaciones y registros ocultos, con la autorización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Esta iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas que se discute en el Senado y que tiene el apoyo del PAN Y PRD, de acuerdo con el estudio elaborado por abogados constitucionalistas, es inconstitucional en algunos de sus puntos.
Por ejemplo las reglas concernientes a las pruebas y su valoración están escasamente desarrolladas, lo que impide tener certeza sobre las reglas aplicables.
Por todas estas omisiones, el proceso administrativo sancionador es contrario al artículo primero de la Constitución y al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se consideraron los derechos mínimos que deben asegurarse en cualquier proceso a toda persona a la que se le impute un delito.
Además en la propuesta se señalan como faltas administrativas graves que pueden ser constitutivas de corrupción, al soborno, peculado, desvío, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, colusión, obstrucción de la justicia administrativa entre otros.
Lo cual contradice las fracciones I Y III del artículo 109 de la Constitución, en el cual se hace una clara distinción entre hechos de corrupción y faltas administrativas.
Los hechos de corrupción deben tipificarse, investigarse y sancionarse en términos de la legislación penal aplicable y conforme a los principios y reglas señalados en los artículos 20 y 21 de la Constitución.
Sin embargo, para cumplir con la reforma constitucional de 2015, los legisladores (senadores y diputados) deberán aprobar la legislación secundaria antes del 28 de mayo de 2016. Hace un año, en la firma de la reforma en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que “para superar un problema estructural, requerimos igualmente una solución estructural”. Necesitamos una respuesta institucional amplia y sistemática, permanente y decisiva, y justamente la reforma constitucional ofrece una respuesta de esta magnitud al crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora toca aprobar el primer paquete de la legislación secundaria que nos permita poner en marcha y operar este sistema. El Senado deberá votarla antes del 30 de abril, para que los diputados llamen a un periodo extraordinario de sesiones.
Cambiando de página continúa la campaña electoral en Veracruz, y es así como Héctor Yunes Landa , candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza, Alianza Veracruzana y Frente Cardenista, va recogiendo adeptos por millares entre la sociedad civil, los jóvenes, la ciudadanía propositiva y, por supuesto las mujeres. Hay cinco características de Héctor que en este momento destacan: (1) su amplio conocimiento de la vida pública; (2) su alto perfil profesional, logrado por mérito propio; (3) su actitud reconciliadora, aunque firme en la legalidad; (4) la limpieza de su patrimonio; (5) su carisma ante las grandes masas. Por ello, Héctor es la opción natural que no es corrupta, que luchará contra la corrupción y que potenciará el dinamismo económico, de seguridad, salud y empleo en el estado.
De ahí que converjan comentarios favorables hacia su candidatura. Seguramente es una candidatura sumamente competitiva.
Además sabe rodearse de la gente adecuada. Y es así como Héctor sigue trabajando duro e insiste en que no habrá impunidad y sí castigo para los responsables de algún ilícito que se encontrara. Continúa su labor de proselitismo en todo Veracruz. Ha habido mítines, debates y reuniones muy concurridas y el tiempo sigue su marcha.
Y recuerden dicen que el que se mueve sí saldrá en la foto. Pero parece que el fotógrafo se ausentó un momento.