Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Héctor Yunes Landa, Pepe Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez
Como lo he comentado en otras ocasiones, cuando las leyes no se convierten en actos concretos, en normas que rigen la vida de los ciudadanos, cuando prevalecen más los principios aspiracionales “cómo nos gustaría ser” que su virtud y propósito normativo.
Cuando para diversas autoridades y elites cumplir sus mandatos termina siendo una opción y una decisión voluntariosa, entonces estamos frente a una Constitución que muere y de su mano erosiona el estado de Derecho y la gobernabilidad.
De acuerdo a una encuesta realizada en el año 2011 por el INE, y la UNAM, poco más del 87 por ciento de los mexicanos no cree en la Constitución. Por su parte, la Encuesta sobre Cultura Constitucional de la UNAM, concluye que el 65 de cada 100 mexicanos conoce poco la Constitución, y 27 por ciento dice desconocerla completamente.
Otras investigaciones dan cuenta de que apenas un cuatro por ciento de los ciudadanos considera que las leyes se respetan.
Miguel Carbonell señala que “aparte de lo escandalosas y preocupantes que pueden resultar estas cifras, nos pone también ante la evidencia de una población que no siente un apego completo por la legalidad”.
Modificar permanentemente mandatos de nuestra Constitución, aún con el propósito honesto y genuino de brindar mejores leyes y fortalecer el marco jurídico de nuestro país, ha dado lugar o por lo menos estos efectos: la percepción de cambiar reglas del juego a la mitad del camino, o bien, que aún siendo mejores las leyes modificadas enfrentan gran adversidad para implementarse y también pueden sumarse a estas consideraciones las leyes que son ocurrencias, moneda de cambio político, o bien carecen de viabilidad económica y responsabilidad financiera.
Las leyes sin consecuencias concretas son letra muerta y generan corrupción e impunidad.
Por supuesto que cumplir y hacer cumplir la ley cuesta, pero cuesta más no hacerlo. Nada más costoso para un país que vivir con permanente incertidumbre jurídica. Reconozco lo que nuestra Constitución ha dado a México como soporte para un sistema más democrático y un andamiaje institucional. Sin embargo, estamos muy lejos de vivir en lo cotidiano una cultura de legalidad. Cuando autoridades y ciudadanos ignoramos la ley, abonamos a su desprestigio y también a la desconfianza y a una gran pérdida de oportunidades.
En otra medida nuestro destino depende de si en lo cotidiano hacemos posible una Constitución viva, cercana a los ciudadanos y a las autoridades.
En este propósito todos tenemos algo que hacer, porque la alternativa sería dejarla encuadernada y enterrada.
Nuestra Constitución, ni organiza a la federación, ni garantiza los derechos de los gobernados ante los gobernantes, ni define la soberanía del país en la economía global: es punto menos que letra muerta, lo cual ha “desconstituído” al país, esto es, se ha perdido el rumbo, el Estado de derecho no es eficaz y las instituciones que deben cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, son desconfiables.
Desde el punto de vista de un destacado constitucionalista como lo es Diego Valadés, una causa del desdibujamiento de la que debería ser nuestra ley suprema es que “en un siglo pasamos de tener una Constitución del pueblo, a la Constitución de la élite gobernante y, luego, de élite económica internacional”.
Debido a ese alejamiento de su espíritu original y además, a la falta de rigor técnico con que han sido reformados 114 de sus 136 artículos, la Constitución dice Diego Valadés, cumple mal sus tres funciones: “regir la organización del poder federal, estatal y municipal; regular las relaciones entre gobernados y gobernantes y normar las relaciones entre los individuos”.
En síntesis, nuestra Constitución dejó de ser socialmente útil (la inseguridad pública y la extrema desigualdad son pruebas de ello) y los gobernantes la han adecuado a sus intereses (la impunidad de los corruptos y la partidocracia son dos ejemplos).
México necesita una nueva constitucionalidad; “si esto se traduce en una reforma profunda de la actual Constitución, o en un nuevo texto constitucional, eso es simplemente una decisión estratégica”, dice Diego Valadés. La estrategia tiene que considerar que los partidos políticos no gozan de la confianza indispensable para encargarles la tarea de reconstruir a la nación con un sentido más democrático, equitativo e incluyente.
Diego Valadés ofrece una solución provisional que ha desarrollado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: reordenar y consolidar el texto “vigente”, es decir, depurarlo y hacerlo legible para tener “una versión de la Constitución” que luego permita hacerle las numerosas adecuaciones que exige una democracia madura. Ante la delincuencia organizada y el terrorismo que avanza en el mundo moderno, nos encontramos ante un dilema, ¿seguridad o libertades? En México el debate se establece cuando hablamos de mando único y corrupción. La Constitución establece que serán los municipios quienes tendrán a cargo la seguridad pública. Mediante convenios han cedido sus facultades a gobiernos estatales. Sin embargo, existe un número indefinido de alcaldes que no están de acuerdo y ya se inicia acción de inconstitucionalidad contra estos acuerdos. Por tanto en la Conago finalmente se aceptó impulsar la reforma constitucional para dar certeza jurídica al mando único. La noticia no es menor. Implica un cambio en la organización de la fuerza policíaca y de seguridad pública que impacta su tradicional funcionamiento.
Ante los riesgos de sacrificar libertades en búsqueda de mayor seguridad, diversas organizaciones de derechos humanos han alertado contra la iniciativa de Peña Nieto que se ha ido modificando y ha pasado del mando único a la policía estatal única. Estas consideraciones seguramente influyeron en Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, y en Agustín Basave, del PRD, quienes anunciaron que sus respectivas fracciones parlamentarias no votarán la propuesta: Se inicia así una negociación política, que algunos puede calificar de oportunista, para transitar en un cambio sustancial por la estrategia planeada por el gobierno federal.
La mayoría de los municipios no cuentan con policías municipales capacitados, equipados, menos aún certificados, pese a que se destinan recursos federales. No hay siquiera la capacidad para gestionarlos. Tampoco el dinero es la solución a una compleja problemática social, que teje redes con autoridades y ciudadanos que por temor o avaricia, caen ante la delincuencia. Esta propuesta, sin duda se verá sometida a la dinámica electoral.