Jorge Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Héctor Yunes Landa, Pepe Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez
En la virtud del Egoísmo, Ayn Rand clarifica estos puntos: “La ética del alturismo ha creado, la imagen del bruto para lograr que los seres humanos acepten dos dogmas inhumanos: a) que ocuparse del interés personal es malo, sea cual fuere tal interés; y b) que las actividades de ese bruto son, de hecho, de interés personal (al cual debe el hombre renunciar, como le ordena el alturismo, a favor de su vecino)”.
El tema recurrente y que se publicó en los artículos de opinión en todos los diarios ha sido la iniciativa de ley 3 de 3, iniciativa del IMCO, el CEEY y Transparencia Mexicana que busca “reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos”. Consiste en presentar una iniciativa de ley al Congreso para que los funcionarios estén obligados a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
¿Alguien explicó a sus creadores que esto es imposible? ¿Quién, en su sano juicio, pondría en primer plano a la colectividad y en segundo plano su bienestar individual, su salud, su patrimonio familiar o su estabilidad y seguridad personal? Suena muy romántico decir que es por México.
Ninguno de los funcionarios del gabinete actual ha presentado ninguna de estas declaraciones. No es obligatorio aún, pero en un momento en el que cada vez se reclama más transparencia es increíble que ninguno haya tenido la voluntad de hacerlo, ni siquiera para colgarse una bandera de honestidad y asumir una causa. Sólo 9 gobernadores, 16 senadores y 76 diputados lo han hecho.
En Veracruz, el presidente del PRI, Amadeo Flores Espinosa reconoció la acción del precandidato a la Gubernatura por su partido, Héctor Yunes Landa de dar a conocer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, “pues quien aspire a gobernar Veracruz debe tener las manos limpias”. En total, 368 funcionarios han presentado voluntariamente su 3 de 3.
En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 95 de 168. Se nos percibe como altamente corruptos. Algunos funcionarios han mencionado que no es un índice de corrupción, sino únicamente de percepción. Olvidan que en muchos casos, la percepción es la realidad.
Cuando existe la percepción de que un país es corrupto, se alejan inversiones y aumenta el costo de financiamiento. De acuerdo a Transparencia Internacional, 5 de los 10 países percibidos como más corruptos, están también entre los más violentos. En algunos de ellos, aunque no exista un conflicto bélico, los niveles de pobreza y desigualdad son alarmantes. La corrupción cuesta y cuesta mucho.
El Banco de México ha señalado que en 2015, la corrupción le costó al país 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, el equivalente a 9 por ciento del PIB.
El Banco Mundial coincidió con las cifras. Transparencia Internacional afirma que la corrupción incrementa los costos de proyectos hasta en un 10 por ciento. En el mismo estudio señala que en los países en desarrollo y transición, políticos y funcionarios de gobierno corruptos reciben sobornos que suman hasta 40 mil millones de dólares anualmente. María Amparo Casar en México: Anatomía de la corrupción, publicado por el CIDE y el IMCO, menciona algunos de los costos de la misma.
Para las empresas, representa un 5 por ciento de menores ventas; para los países, un 5 por ciento menos de inversión. La productividad del capital podría ser 2 por ciento mayor en ausencia de la corrupción. El 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales.
De entre todos los sectores, las empresas petroleras son percibidas entre las más dispuestas a sobornar para alcanzar sus propósitos. La corrupción no es cultural. Es resultado de años de impunidad y de desprecio por la ley. Años en los que se ha arraigado en la forma de hacer negocios y de lidiar con el sector público. A todos los niveles.
El año pasado al promulgar la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Peña Nieto afirmó que se trataba de una reforma contra la impunidad. Lo veremos este año. En mayo se tienen que presentar las reformas a las leyes involucradas en el sistema. Qué mejor momento de estrenar una mayor participación ciudadana que ahora. Para que la iniciativa de ley 3 de 3 sea contemplada, se requieren 120,000 firmas autógrafas verificables por el INE.
En recientes debates con colegas periodistas y con analistas políticos aparece con frecuencia el cuestionamiento de las prioridades básicas a seguir por el gobierno federal. En opinión de expertos y analistas, la tarea fundamental a que debe enfocar su energía y atención este gobierno es: Implementar por completo el Sistema Nacional Anticorrupción, afinar la regulación, completar las leyes secundarias y ponerlo en marcha este mismo 2016.
El objetivo es claramente alcanzable, está ya la reforma constitucional aprobada, se ha logrado construir el consenso entre fuerzas políticas. Ahora parece empantanado en las cámaras del Congreso todo el paquete legislativo para instrumentar el sistema. Cada fuerza política responde que sí, que hay compromiso, pero nadie dice cuando. Hay evidentes señales de que no existe voluntad política para lograrlo.
El sistema Anticorrupción, existirá en realidad cuando esté en funcionamiento no cuando aparezca en los discursos, en las loas y las alabanzas. Ojalá que el Sistema Nacional Anticorrupción no se quede en la creación de comités de análisis y fiscalías especiales.
Las reformas, trascendentes y, esperamos transformadoras, pasarán a un segundo renglón en la sinopsis histórica del sexenio, si no se atiende con urgencia y decidida voluntad, el combate frontal a la impunidad y a la corrupción.
Sólo auditando los dineros de gobernadores, presidentes municipales, legisladores y servidores públicos podremos empezar a controlar el caos en el que estamos. Y el camino más eficiente que tenemos hoy para enfrentar la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso me preocupa, aunque menos, que la conversión del 3 de 3 en iniciativa de ley pueda ser utilizado por los cínicos que ya no quieren continuar con el Sistema completo, y puedan ver es esta ley una salida fácil.
En algún momento en nuestra infancia nos enseñan que los gobernantes son los representantes de los ciudadanos, que los senadores y los diputados están ahí para velar por nuestros intereses. En algún momento en el camino esa idea desaparece. A pesar de votar, poca gente considera a la clase política como su representante. Deberíamos, en nuestra adultez, recordarlo. Y exigir.