Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Pepe Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa y Juan Antonio Nemi Dib.
En política las cosas no son, van siendo (Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos).
Estas semanas han sido de contrastes para México, y los medios de comunicación a diario documentan esta realidad. Según la información del momento, estamos en la antesala del primer mundo por su economía, y al mismo tiempo lidera en la barbarie por sus problemas de inseguridad y corrupción.
Según el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray hay un tema que simple y llanamente no puede encontrarle el lado amable: la violencia.
El secretario afirmó que la inseguridad afecta el crecimiento económico del país.
Datos recientes del INEGI revelan que el costo de la inseguridad a los mexicanos en 2014 fue de 223 mil 700 millones de pesos, lo cual equivale al 1.27 por ciento del PIB.
Otra fuente, el Índice sobre la Paz Global en México, señala que la inseguridad le cuesta al país un 27.7 por ciento del PIB.
El presupuesto público federal para la función de seguridad pública 2014-2015 revela que el presupuesto del gobierno mexicano para 2015 dedica 153 mil 419 millones de pesos a seguridad. Y aunque el gobierno ha querido convencer a la población de que las cosas han mejorado en el ámbito de inseguridad, la realidad es que la población se siente más insegura que nunca.
Y tal vez es por eso que otra información positiva publicada la pasada semana tampoco se apreció: la tasa anual de inflación es de 2.48 por ciento, lo que suma siete meses seguidos, de un mínimo histórico en inflación según el INEGI.
Obviamente la baja inflación en el país es información que debería ser el enfoque principal de los periódicos, redes sociales y noticieros.
Más allá de los secuestros, robos y desaparecidos, de nuevo otro índice señala el problema de corrupción e inseguridad en el país. En este caso fue el Índice de Competitividad Internacional 2015, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que los encabezados destacaron que “la corrupción es uno de los problemas más graves y más extendidos en México”. Los costos que acarrea permiten categorizarla como el enemigo público número uno.
El índice general posiciona a México en el lugar 36 de 43 países, con una calificación de 39 por ciento (en la escala del cero al 100).
La razón de esta “baja calificación” se debe a los indicadores que tienen que ver con el Estado de derecho, la delincuencia y corrupción. En esa materia, el documento señala que “México está estancado en Estado de derecho”, el principal lastre de nuestra competitividad.
Imagine por un momento que como sociedad nos decidimos a tener una de las mejores policías del mundo, con altos niveles de escolaridad, ética y capacitación, pero también con elevado niveles de ingresos, ganando 4 o 5 veces más de lo que hoy perciben.
Nos costaría mucho más, sin duda, pero seguramente valdría la pena.
El problema es que estamos inmersos en un círculo vicioso. Un gasto público que estructural y legalmente tiene vicios; que tiene fugas por corrupción y que en muchas ocasiones está incorrectamente dirigido conduce a que haya resistencia de los contribuyentes a aportar.
Como lo señala el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP)
Juan Antonio Nemi Dib, se prevé una reducción de 25 por ciento en los partidos presupuestales del Subsidio para la Seguridad, en los 212 municipios (Subsesum), que equivale a más de 300 millones de pesos.
Revela que pese al incremento de impuestos, al alza de la gasolina y a las políticas de austeridad que han sido aplicadas por el Gobierno Federal, la recaudación fiscal nacional no fue la esperada, por lo que se efectuó un corte sustantivo, que afecta a todos los fondos de seguridad.
Veamos el ejercicio del Presupuesto Base Cero se quedo corto. Lo que requiere es una reingeniería completa del gasto, de ser necesario modificando leyes.
Todo es relativo, dicen por ahí, incluso el desempeño económico. Podemos ver exactamente las mismas cifras con diferentes enfoques. El optimismo y el pesimismo están en función de las expectativas que se tienen, por eso hay que entender su importancia. Manejar las expectativas es un tema complejo, pero no imposible. El gobierno tiene herramientas para hacerlo. Combatamos en serio la corrupción, mejoremos nuestro sistema fiscal y disminuyamos la dependencia petrolera, tomemos en serio la importancia de la educación empezando por la básica.
Las expectativas no cambian solas. Hay muchas cosas que hacer. Hagámoslas y empezaremos a ver el vaso medio lleno. Es un buen momento para tomar decisiones.
En otro tema hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre, dice refrán ranchero. Cualquier parecido con lo que sucede con un 20 de Noviembre frívolo es simplemente coincidencia. La Revolución Mexicana es el movimiento social más importante que ha vivido México en más de un siglo; lo es por sus consecuencias prácticas y por el valor cívico que tuvieron sus postulados, mismos que han sido desplazados, aunque su remplazo no tiene arraigo cultural. Si antes el eje articulador de las relaciones eran los derechos sociales, ahora se pretende que lo sea el mérito individual. Entre uno y otro principio hay un vacío que se ha llenado de desconfianza, desasosiego, violencia, corrupción y de arbitrariedad.
La revolución ha sido desterrada del discurso oficial y para remachar su destierro en la memoria social, también lo fue de las festividades cívicas al trasladarla al lunes más próximo. El 20 de Noviembre se confundirá este año con el Buen Fin.
La Constitución ya es letra muerta. Ya no constituye a la nación porque ha dejado de ser compendio de objetivos y ruta de un proyecto nacional.
La Constitución ya no rige en la consecución de propósitos nacionales sobre el conjunto de la sociedad, ni ofrece la protección del Estado de derecho, ni limita el alcance de las decisiones del gobierno. Tampoco es guía de acciones institucionales, las cuales están rebasadas por la pobreza, la ineptitud y la violencia.
El resultado es que hoy por hoy México sea un país sin una ley que de contenido a la soberanía nacional.
La actualización de la normatividad es incuestionablemente necesaria, pero no a costa de principios fundamentales y si éstos también tuvieran que cambiarse, se tendría que construir un nuevo pacto constitucional desde un Congreso Constituyente.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cámara de Diputados de la anterior Legislatura elaboraron una propuesta de rehechura de la Constitución a partir del diagnóstico de que el actual es un texto caótico, redundante e inclusive “descuidado desde el punto de vista técnico”.
El problema de crear una nueva Constitución, sobra decirlo, no es de técnica jurídica sino de la orientación del proyecto del país al que sirviera la normatividad que se aprobara.