Con solidaridad y respeto a Miguel Angel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla
Francisco Cabral Bravo
La corrupción institucionalizada, fue una pieza básica del régimen de la Revolución Mexicana durante la mayor parte del siglo pasado. El sistema autoritario vertical basaba su funcionamiento en el reparto de poder y del dinero desde la punta de la cúpula, hasta el más recóndito municipio del país donde la mano del partido de Estado controlaba absolutamente todo. La compra-venta de bienes servicios, favores y el manejo mismo de la legalidad en su conjunto dependían de una estructura controlada desde la cúspide.
Este entramado de simulaciones para aparentar un inexistente Estado de derecho y legitimar una presidencia sexenal absoluta. Sin embargo, la transición democrática mexicana no construyó una estructura legal alternativa al viejo régimen, y el poder político que existía en Los Pinos se trasladó de manera irracional e irregular a los gobernadores y al Congreso.
Y así como fueron desapareciendo los excesos del presidencialismo absoluto, también los instrumentos para contener la corrupción en los distintos estados de la República. La alternancia no representó el fin de la corrupción, sino su reacomodo e incluso su potencialización en manos de mandatarios estatales carentes de jefe superior y sin atadura alguna para ejercer presupuestos multimillonarios e incluso endurecerse como nunca antes pudieron haberlo hecho.
Los recientes escándalos, son sólo la extensión de una cadena surgida hace más de una década cuando los gobernadores se convirtieron en dueños de sus presupuestos y simultáneamente en autócratas sin responsabilidad alguna en la rendición de cuentas.
El daño político de haber puesto al descubierto las cañerías de la corrupción en los estados y específicamente en manos de los mandatarios estatales, daña a todos los partidos.
Por falta de fuerza o inercia misma, los gobernadores siguieron haciendo de las suyas ante la pasividad de la autoridad central, llevando al saqueo a sus estados.
Las elecciones en el Estado de México en el 2017, la presidencial en el 2018 y local en Veracruz tendrán como eje discursivo el tema de la corrupción y los candidatos que se presenten tendrán que enfrentar no sólo su propia historia personal en el tema, sino la de su partido y sus representantes en los últimos tiempos. Las cañerías del sistema están seriamente averiadas y amenazan con enlodecer a todos.
La generación de gobernadores que entrega el cargo en este 2016, pasará a la historia probablemente, como la más corrupta y ladrona. Y le aseguro a usted que el concurso está reñido.
Gobernadores que forman parte de una generación de jóvenes políticos sobre quienes existía una alta expectativa “van a ser diferentes”, van a actuar de forma honesta. Así rezaba el romancero popular que soñaba con gobernantes del siglo XXI.
Tal vez por eso, el tamaño de la decepción y el engaño es tan brutal; tal vez por ello duele más la desviación de fondos, el peculado, el tráfico de influencias, los negocios al amparo del poder y el lavado de dinero.
Por lo anterior mi gobernador ideal, uno inexistente e hipotético, uno probo y ejemplar en su conducta porque una de sus funciones es también ser ejemplo en su comunidad, tendría una serie de cualidades.
Convertiría su vida en una especie de disciplina monacal, consciente de la responsabilidad que desempeña, del peso que sostiene, de la gravedad de decisiones que debe tomar porque estaría enfocado a los delicados equilibrios del ejercicio de gobierno.
Sería un campeón contra la corrupción, no solo para erradicarla de su aparato de gobierno sino sobre todo, dela cultura que todos quieren.
A los amigos, los que lo han sido de verdad toda la vida, los vería a distancia y con recelo, en la certeza clara de que el nuevo gobernador ideal no está ahí para beneficiar a nadie.
Las novias o novios en la agenda del gobernador ideal estarían proscritos. No hay tiempo para delincuencia cuando hay gente que no tiene para comer, que carece de empleo, que el pobre desarrollo económico ha sido incapaz de brindarle una oportunidad de educarse y crecer con lo más indispensable.
El equipo de funcionarios y servidores públicos seleccionados por el gobernador ideal, sería gente de capacidad profesional probada en el área de su especialidad, no habría policías improvisados en el deporte, ni damas de buen ver en terrenos que no conocen, porque el daño y costo de la beca los pagan el erario y la población.
El gobernador ideal trabajaría intensamente en controlar los excesos vanidosos y los ataques de egolatría que con frecuencia padecen los políticos de izquierda y derecha, de todos los colores y tendencias, para entender que su función es un servicio a la comunidad, no un privilegio por su cuestionable inteligencia.
El gobernador ideal haría a un lado en consecuencia todo sueño, aspiración, ambición ilusoria de llegar a la Presidencia de la República. Su energía, atención y el presupuesto del estado, no están a su disposición para ambicionar la silla de águila. Tiene un contrato con los electores para desempeñar una función “al máximo de sus capacidades”, y hasta el último día de su mandato.
Su tiempo, no es suyo, es de la ciudadanía que votó por él para ejercer esa función, por ende, no se distraiga. No invente fórmulas mágicas para endeudar al estado a 30 años con la bursatilización de bonos que pagarán los ciudadanos por 2 o 3 décadas.
El gobernador ideal trabajaría incansablemente para reducir la deuda de sus antecesores y en efecto, brindaría un auténtico servicio a la ciudadanía al pagar lo que otros se llevaron. Más aún, carente de compromisos políticos que limiten su función constitucional en beneficio de sus electores, el gobernador ideal haría todo lo posible por recuperar lo que algunos de sus antecesores endosaron a nombre de sus amigos, familias y descendientes.
¿Es imposible sólo pensar que algo así es posible? ¿Resulta descabellado?